Hacia un CFA 3.0

La institucionalidad fiscal chilena ha ido avanzando con el tiempo. La piedra de inicio podríamos decir que fue la creación de la regla de balance estructural en 2001, que permitió mirar las finanzas públicas más allá del ciclo e instaló la idea de que un mayor gasto permanente requiere ingresos estructurales que lo respalden.

Una década después, la Comisión Corbo recomendó crear un Consejo Fiscal Autónomo. En 2013 nació el Consejo Fiscal Asesor, con validación técnica externa sobre el cálculo del balance estructural. En 2019 surgió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) propiamente tal y en 2023 se fortaleció su mandato: pasó de opinar sobre el ajuste cíclico de la Dirección de Presupuestos (Dipres) a también sobre la idoneidad de las metas fiscales, evaluar y monitorear las proyecciones de los indicadores que guían las reglas fiscales vigentes y de los activos financieros del Tesoro Público.

En pocos años, el CFA ha ganado respeto y ha contribuido a ordenar un debate fiscal muchas veces tensionado. Con esto, ¿está completa la institucionalidad fiscal chilena?

Hoy la Dipres elabora las proyecciones de ingresos o gastos de los Informes Financieros de los Proyectos de Ley. No se trata de cuestionar sus capacidades técnicas. El problema es de diseño. Cuando la misma administración que impulsa una iniciativa estima su impacto fiscal, puede haber un grado de tensión. La credibilidad fiscal no depende solo de que esas proyecciones sean certeras, sino de que sean percibidas como independientes.

La experiencia comparada muestra que no existe un único modelo. En la OCDE conviven consejos pequeños, enfocados en sostenibilidad y cumplimiento de reglas, con oficinas más grandes que producen proyecciones y evalúan costos de políticas públicas. En esa dirección, sería razonable explorar que parte de las proyecciones de ingresos fuera elaborada o validada por una entidad autónoma como el CFA, manteniendo la Dipres su rol presupuestario y financiero.

Podría argumentarse que no hay recursos, pero hay dos formas de contraargumentar. Por un lado, se podrían reasignar fondos ya existentes en la Dipres para esos fines hacia el CFA, sin aumentar el gasto total. Por otro lado, es pensar que el beneficio marginal, vía un menor costo de financiamiento, probablemente supere el costo marginal de los recursos técnicos involucrados (por ejemplo, ahorrarse 100 millones de deuda en dólares equivale a un ahorro en gasto de intereses de 5 millones de dólares anuales).

En otros espacios de mejora, algo similar ocurre con las operaciones “bajo la línea”. De acuerdo con la Dipres, son operaciones de financiamiento que modifican los activos financieros y pasivos del Gobierno Central y, a su vez, financian los movimientos “sobre la línea”, es decir, los ingresos y gastos efectivos.  Si bien es cierto que ha habido avances en su presentación por parte de la Dipres en los últimos años, aún falta trazabilidad sobre por qué cambian. Con la deuda como ancla explícita de la regla fiscal, esas partidas no pueden seguir siendo una caja gris y el CFA debería poder monitorearlo con mayor profundidad.

Chile ha construido su credibilidad macroeconómica con instituciones fuertes, pero también haciendo los ajustes cuando la realidad lo exige. Un CFA 3.0 se inscribiría en esa tradición.

Publicado en Diario Financiero.